El Hotel Valencia Congress de Paterna acogió este lunes un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza junto al Ayuntamiento de Paternapara reflexionar sobre la futura Ley de Áreas Empresariales de la Comunitat, una iniciativa del Consell que tiene como objetivo acabar con la incertidumbre en la regulación de estos espacios, que son la cuna de la competitividad de la autonomía. Los asistentes también reflexionaron sobre las ayudas a las entidades que gestionan estos espacios, para las que se solicita una equiparación a las que reciben las asociaciones empresariales de carácter comarcal.

Participaron en el desayuno Juan Antonio Sagredo, Alcalde de Paterna; José María Martínez, Coordinador de Promoción Económica del Ayuntamiento de Paterna; Pedro Romero, Jefe del Área de Promoción Socio Económica del Ayuntamiento de Paterna; Juan Manuel Badenas Carpio, Catedrático de Derecho Civil y Presidente del ICBP; Salvador Puigdengolas, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana; Santiago Salvador, presidente de Asivalco; Joaquín Ballester, Gerente Asivalco; Mª José Mira, Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación; Noelia Hernández, portavoz de Industria del PSPV en Les Corts; Antonio Alagarda, Presidente de la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico de Paterna; Manuela Pedraza, gerente de la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico de Paterna; Francisco Izquierdo, vicepresidente de la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico de Paterna; Blanca Marín, Secretaria Autonómica de Economía Sostenible; Ana Botella, Diputada por Valencia y Portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Inmaculada Rodríguez, eurodiputada y portavoz de la Delegación Socialista en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo; Diego Romá, Gerente de Fepeval; Asun Roselló, Gerente Asociación del Polígono Industrial l'Andana; Elisa del Río, Directora del área Técnica de la CEV; Carlos González Triviño, Director de Sistemas y Aplicaciones de Gobernanza Industrial (SAGI); Fernando Mª. Zárraga Quintana, Gerente del Parc Científic de la Universitat de València; Leopoldo Moltó, Presidente de la Asociación del Parque Empresarial Táctica; y Toni González, Alcalde Almussafes.

Juan Antonio Sagredo, Alcalde de Paterna, fue el encargado de abrir el debate. El primer edil de la ciudad, que es una de las que más áreas empresariales concentra en su localidad de toda la autonomía, defendió la celebración de un debate sobre la novedosa iniciativa legislativa del Consell "para poner luz sobre las dudas que haya podido generar".

Sobre la normativa, que todavía se encuentra en el trámite parlamentario, Sagredo defendió que "no se puede dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de apostar o no por las áreas empresariales". "Se ha de regular por ley para que se invierta en algo tan vital como son estas zonas. Las áreas empresariales no pueden ser el barrio pobre de los municipios", aseveró.

El dirigente también puso en valor las iniciativas llevadas a cabo en su ciudad con el objetivo de impulsar las áreas empresariales. "En Paterna hemos sido pioneros en firmar convenios con todas nuestras áreas empresariales. Hemos permitido que inviertan donde quieran el dinero del convenio que hemos firmado con ellos, y ello lo ha convertido en más rápido y eficiente", indicó.

José María Martínez, Coordinador de Promoción Económica del Ayuntamiento de Paterna, defendió la valentía de la ley, que establece deberes para las empresas instaladas en las zonas industriales. "Para que la ley sea realmente efectiva en el desarrollo de las áreas industriales hay que dar un paso más allá, que consiste en no limitarnos a cuestiones de urbanismo", dijo. Por otra parte, el dirigente lamentó el estrecho margen que deja el Estado a los Ayuntamientos para impulsar determinados aspectos de sus polígonos. "Europa está dando un papel fundamental a las entidades locales pero nosotros nos topamos con barreras competenciales. Este es un grave handicap para determinados municipios que tenemos cosas que decir", afirmó.

Juan Manuel Badenas Carpio, Catedrático de Derecho Civil y Presidente del ICBP, defendió que la ley es "plenamente constitucional" en respuesta al pronunciamiento del CJC -asumido por el PPCV, que prepara una enmienda a la totalidad-. "La ley está francamente bien detallada, es una muy buena ley desde el punto de vista técnico", dijo, y subrayó que "la propia Constitución afirma que la propiedad tiene una función social".

"No debemos tener miedo al recurso de constitucionalidad. El preámbulo de la ley está pensado para convencer de su constitucionalidad, y está perfectamente bien explicado. Quizá no sea tan malo que se recurra, porque tal vez serviría para que los magistrados tengan acceso al mismo y lo valoren correctamente. Si en una sentencia el TC dice que es perfectamente constitucional nos evitaríamos los recursos posteriores de caso por caso", afirmó, y recordó que "con la regulación de la propiedad horizontal el revuelo fue muy similar".

Mª José Mira, Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación, subrayó que la Comunitat "viene de un escenario en el que no había ningún criterio para destinar subvenciones a las áreas empresariales". Sobre el posible recurso de inconstitucionalidad del PP, la dirigente fue franca: "Claro que es posible que se paralice, esto es política", dijo, si bien defendió la necesidad de la ley y recordó que los populares fueron los primeros en esbozar su necesidad. "Ellos dieron el primer paso, pero ahora nosotros lo hemos mejorado y deberían permitir que la ley salga adelante, porque es una necesidad", afirmó.

Noelia Hernández, portavoz de Industria del PSPV en Les Corts, destacó que "la ley no establece una obligación de asociación, sino la pertenencia a una entidad en pro del espacio empresarial en el que se encuentra". "Además, se está vendiendo que es una imposición inmediata, y en absoluto es así. Hace falta que un 25% de los promotores pida la creación de la entidad", dijo. Por último recordó que "estamos todavía en fase de enmiendas de la tramitación parlamentaria, todavía no sabemos cuál va a ser el texto final de la ley".

Blanca Marín, Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, afirmó sobre las ayudas a la modernización que las implantará el Consell "tras muchos años de retraso". "El año 2019 será en el que tengamos que dotar presupuestariamente las ayudas para la transformación en entidades de gestión", dijo. Sobre la nueva ley justificó la adscripción a las entidades "para así dotarlas de recursos económicos y poder costear sus inversiones".

Ana Botella, Diputada por Valencia y Portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, subrayó que "más del 50% del PIB de España se crea en sus áreas industriales". "Había que regularlas", destacó, y afirmó que "si el Gobierno va hacia la confrontación tendremos que defender nuestros argumentos".

<pInmaculada Rodríguez, Eurodiputada y Portavoz de la Delegación Socialista en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, tildó el proyecto de ley de "absolutamente necesario". "Me parece muy interesante el desarrollo de las entidades de gestión, es un modelo interesante para definir la colaboración público-privada", dijo. La dirigente se preguntó al respecto: "¿Cuál es el coste de oportunidad de no tener esta ley?". "Necesitamos conseguir una especialización industrial que nos permita competir a nivel internacional y las áreas industriales son estratégicas para lograr un buen nivel industrial", aseveró.

Salvador Puigdengolas, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, dijo que "es una buena iniciativa y hay que apostar por ella". "Es un aliciente para la generación de oferta y la generación de empleo de calidad. Esta ley es una oportunidad. Hay que desarrollar las áreas industriales para poder atraer a grandes empresas a la Comunitat", afirmó.

Joaquín Ballester, Gerente de Asivalco, destacó que "hay servicios que si no se comparten no se aplicarían nunca" y que "allí donde se implantan funcionan y son de los más satisfactorios". "¿Cómo se contrata seguridad privada si no es con solidaridad entre todas las empresas de un área empresarial?", argumentó. El dirigente, además, criticó la asignación de subvenciones a las entidades comarcales "que no tienen en cuenta la realidad de áreas empresariales de municipios que se lo han trabajado muy bien como Paterna". "Con las ayudas comarcales se puede caer en lo esperpéntico. Se le puede dar ayudas a entidades locales que se acaban de hacer comarcales para cobrar y dejar fuera a entidades comarcales por no estar bien definidas en sus estatutos", dijo.

Santiago Salvador, Presidente de Asivalco, afirmó que "hay otras autonomías esperando a ver cómo funciona la Ley en la Comunitat Valenciana para importarlo a sus territorios". "Están muy contentos tanto los ayuntamientos como las propias entidades", defendió, y lamentó que entre los críticos "hay jetas que no pagan pero disfrutan de la seguridad privada". "En los polígonos donde no está organizado hay un caos, y la ley lo que trata es de que se organice partiendo de una colaboración público-privada", añadió.

Diego Romá, Gerente de Fepeval, se pronunció en la misma línea: "Claro que hay gente que se opondrá, hay personas sin solidaridad, pero creemos que este proyecto es muy importante y que se debe de impulsar". Por su parte, Asun Roselló, Gerente Asociación del Polígono Industrial l'Andana, defendió las ayudas a las áreas empresariales con el argumento de que "cada asociación sabe las necesidades que tiene su polígono". "Si tenemos algo las asociaciones es conocimiento de la realidad de su polígono. No entendemos la diferencia entre las áreas comarcales y las áreas empresariales", criticó.

Elisa del Río, Directora del área Técnica de la CEV, defendió que las entidades empresariales "son compatibles con las asociaciones de comerciantes, que sí reciben ayudas". "Tenemos que prestar atención a los convenios con los Ayuntamientos para que sean efectivas", añadió. Por su parte, Carlos González Triviño, Director de Sistemas y Aplicaciones de Gobernanza Industrial (SAGI), defendió que se trata de "una ley necesaria en un contexto en el que se generan muchas normas innecesarias", si bien criticó que "adolece de un anexo que concrete cómo se va a acometer el reparto, un planteamiento teórico de mayor alcance".